Nota del Blog: Hoy continuamos la serie sobre aspectos importantes en la Historia de España, según se reseña en Moncloa.gob.es, Web oficial del Gobierno de España y de la Presidencia del Gobierno español. La serie comprenderá varias entregas y transcribirá los textos como aparecen en los enlaces que se indicarán en cada caso.
La Guerra de Sucesión
Con recelo, las cancillerías europeas recibieron el testamento de Carlos II. Ello desencadenó la Guerra de Sucesión española (1705-1713), que se decantó a favor de Felipe V con el Acuerdo de Utrecht.
Cierto es que, en Utrecht, Felipe V y sus sucesores hubieron de renunciar a la herencia flamenca, un derecho con el que, de hecho, no se contaba ya desde hacía tiempo, pero que supuso el fin de la vieja concepción universalista de la monarquía hispano-austriaca y el comienzo de la nacionalización de la política española.
Equilibrio y paz de Europa serán los dos objetivos que perseguirá España a lo largo del siglo XVIII, operación dificultada por la expansión comercial y colonial inglesa y por la rivalidad que esta potencia mantenía con Francia. Será Fernando VI (1746-1759) quien mejor ilustre este deseo español de neutralidad y de paz.
La dinastía Borbónica
Durante el reinado de Carlos III (1759-1788), la política del Primer Ministro Floridablanca procuró mantener a España fuera de conflictos, pese a una cautelosa intervención en la independencia americana. Buscó la alianza con Francia para contrapesar el predominio británico, pero evitando asociarse a las aventuras de Versalles. Carlos III dejó un país en paz y en pleno progreso, y la Revolución Francesa de 1789 tardó en romper esa tendencia pacífica y no intervencionista.
La germinación de una nacionalidad española en política exterior corre paralela con el mismo fenómeno en política interior y surge en este contacto con la primera. En la Guerra de Sucesión, el reino de Aragón se había decantado a favor del candidato austríaco, y esta elección proporcionó al victorioso Felipe V el pretexto para iniciar lo que sería una cadena de profundas reformas en la estructura del Estado y en la Administración española. El Decreto de Nueva Planta fue en política interior lo que la Paz de Utrecht en política exterior, pues implicó la extensión de la estructura administrativa castellana al reino de Aragón y la abolición de sus fueros, terminando así con la monarquía confederada de los Habsburgo. Se iniciaba de esta manera el camino hacia la centralización que siglo y medio después completarían los Gobiernos liberales.
El déficit, desmesurado y crónico, del siglo XVII, decreció y se recuperó una tendencia hacia el equilibrio presupuestario que sólo se quebraría hacia finales del siglo XVIII. Esta situación hacendística mejoró por dos razones adicionales: se gastaba menos en aventuras exteriores y se pagaba más, lo que no sólo se explica por la superior eficacia del aparato recaudatorio, sino porque la sociedad española se hizo más próspera.
Los Borbones fueron ejemplos señalados dentro del reformismo ilustrado europeo. Persiguieron el progreso y la racionalización del país dentro de las concepciones de su tiempo, fuertemente marcadas por las ideas mercantilistas, los métodos dirigistas y, con menos frecuencia, los impulsos liberales.
El gran avance se produjo con la eliminación de las trabas al comercio y la industria. La supresión de «puertos secos», que aislaban económicamente unas zonas de otras, y la apertura de todos los puertos del reino dieron un impulso espectacular al comercio entre ellos y con ultramar, lo que se tradujo al finalizar la centuria en la recuperación del 75% del comercio americano. En estas medidas se encuentra también la base del primer despegue de la industria algodonera catalana, que antes de la invasión francesa de 1808 llegó a representar dos tercios de la británica. La progresiva liberalización de los precios agrícolas y la limitación de los privilegios de la Mesta ayudaron a un crecimiento de la superficie cultivada y al incremento de la producción agraria.
No obstante, el problema de la tierra en España, como en el resto de la Europa del Antiguo Régimen, consistía en las grandes extensiones hurtadas al mercado y vinculadas a la Iglesia, que poseía el 15% de la superficie cultivable, los Ayuntamientos o la nobleza. La política de desamortización iniciada, tímidamente, por los Gobiernos ilustrados formaba parte de una filosofía más general que pretendía reducir exenciones fiscales y de todo tipo, privilegios, señoríos jurisdiccionales y territoriales, así como disminuir la población eclesiástica (que aún representaba el 3% del total) y nobiliaria (los hidalgos pasaron de setecientos mil a cuatrocientos mil entre 1763 y 1787).
Los Borbones liquidaron también gran parte de la abigarrada maquinaria administrativa de los Habsburgo y los Consejos fueron reducidos. Se promocionaron las Secretarías (Ministerios) y los despachos con el monarca, de acuerdo con un plan que tendía a marginar a la alta nobleza de «cuanto pudiera darles parte del gobierno», en expresión de Luis XIV de Francia. Los altos funcionarios de la Administración borbónica se reclutaron entre la baja nobleza local e ilustrada, proveniente en muchos casos de las provincias del norte peninsular, con lo que surgió así una categoría social nueva, una nobleza media ambiciosa y deseosa de progresar al servicio del Estado.
Estos funcionarios eran gentes de su tiempo, ilustrados convencidos de su misión reformadora, atentos a las ideas de la época, con amigos extranjeros y conocedores de otras lenguas. Floridablanca fue, por ejemplo, amigo de Benjamín Franklin y se carteaba con Voltaire. Jovellanos demostró en su Informe sobre la Ley Agraria conocer las recientes teorías de Adam Smith y fue asiduo corresponsal de Lord Holland. La paradoja radicaba en que ninguno de ellos gozó de buena fama entre sus compatriotas, aunque no todos conocieron la amarga suerte de Esquilache, que tuvo que elegir el exilio ante la oposición popular a sus reformas.
EN: https://www.lamoncloa.gob.es/espana/paishistoriaycultura/historia/Paginas/index.aspx
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